Todo está listo para que Tuxtla Gutiérrez reciba el certificado como Comunidad Segura que entregarán el Instituto Katrolinska de Estocolmo, Suecia, el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud y la Red de Promoción de Comunidades Seguras.
Durante la inauguración del Foro Migración y Trata de Personas, en el marco del que se hará la ceremonia de certificación, el presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, Marcos Fastlicht Sackler, destacó que se trata de uno de los reconocimientos con mayor validez internacional.
“La capital chiapaneca se convertirá en el primer municipio de México en obtener dicha certificación; para la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica este hecho es motivo de gran orgullo no sólo por ser los promotores de la certificación, sino porque representa la culminación de un gran esfuerzo coordinado entre la sociedad y el gobierno para garantizar niveles óptimos de bienestar y desarrollo para los habitantes de Tuxtla Gutiérrez”, destacó.
En ese marco, el gobernador Juan Sabines Guerrero dijo que esta certificación es el resultado de la intervención de una sociedad participativa.
“Tuxtla ha asumido como en ninguna otra parte, la corresponsabilidad en la denuncia y prevención del delito, ha permitido muchas veces poner el ejemplo al propio Gobierno del Estado y al Ayuntamiento, eso ha permitido ser, entre otras razones, comunidad segura y es un reconocimiento al Gobierno del Estado o al Municipal, al pueblo de Tuxtla Gutiérrez porque participa, porque está tomando un liderazgo importante en el empoderamiento”, subrayó.
A partir de la participación social se puede crear una red de cooperación para evitar delitos cometidos contra mujeres, niños y migrantes, objetivos que busca cumplir la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, precisó Marcos Fastlicht Sackler, presidente de esta asociación.
“Para la sociedad civil organizada es muy importante impulsar el diálogo amplio e incluyente con el Gobierno Federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales e incluso organismos internacionales; sólo mediante la colaboración interinstitucional, nacional e internacional podremos identificar casos de víctimas de trata, crear una red de cooperación y construir un esquema de solución de estos fenómenos”, acotó.
Señaló que a nivel federal la nueva Ley de Migración del Senado y la reforma de la Ley de Población envían un mensaje para no criminalizar a los migrantes: “Esto es una muestra de que cuando hay voluntad política se pueden alcanzar soluciones integrales de largo plazo en beneficio de México”.
En tanto, desde 2008 las reformas legales se realizaron en Chiapas, cuando el gobernador Juan Sabines propuso el delito de trata de personas con la intención de proteger los derechos humanos de mujeres y niños, principalmente.
En su oportunidad el gobernador Juan Sabines aludió: “ Ya ganamos el primer juicio, el 18 de febrero de este año ganamos el primer juicio de trata, el Gobierno del Estado impulsó un juicio contra una señora chiapaneca que por fin está en la cárcel, de acuerdo con lo que decidieron los jueces”.
La entidad, dijo, es una de las primeras en penalizar este delito y crear una fiscalía especializada en atender delitos cometidos en contra de migrantes: “¿El vil negocio de tráfico de personas es más jugoso que el narcotráfico? Sí, estoy convencido que sí y hoy se discute en legalizar las drogas y no se discute en legalizar a la migración, es un tema que habría que analizar a fondo en Chiapas”.
En este sentido, exhortó a que a nivel nacional se retome el tema de la eliminación de visa para que todos los migrantes puedan entrar por el paso fronterizo legal y se lleve un control de que no ingresen al país objetos prohibidos como armas o drogas.
Juan Sabines indicó que la política basada en el respeto a los derechos humanos de los migrantes ha permitido que disminuyan los delitos cometidos en su contra e incluso se han desmantelado 23 bandas delincuenciales.
Además se ha hecho un acompañamiento de acciones como el acceso a la escuela a niños hijos de trabajadores agrícolas centroamericanos, se les otorgó el derecho a tener una identidad a través del acta de nacimiento a más de 5 mil niños y se les brinda el acceso a servicios médicos.
“En Chiapas los migrantes son un sector de la población importante y que merece el respeto a sus derechos humanos, por eso Chiapas no tiene una política migratoria, tiene una política pública para los migrantes que están en Chiapas de manera permanente o temporal”, apuntó.
Cabe señalar que el Foro Migración y Trata de Personas reúne a expertos en la materia de la sociedad civil, de organismos defensores de derechos humanos, de agencias de la ONU y de los gobiernos federal y estatal. La ceremonia de certificación se realizará este 29 de marzo en el marco de los trabajos que se desarrollan en el foro.
Durante la inauguración del Foro Migración y Trata de Personas, en el marco del que se hará la ceremonia de certificación, el presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, Marcos Fastlicht Sackler, destacó que se trata de uno de los reconocimientos con mayor validez internacional.
“La capital chiapaneca se convertirá en el primer municipio de México en obtener dicha certificación; para la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica este hecho es motivo de gran orgullo no sólo por ser los promotores de la certificación, sino porque representa la culminación de un gran esfuerzo coordinado entre la sociedad y el gobierno para garantizar niveles óptimos de bienestar y desarrollo para los habitantes de Tuxtla Gutiérrez”, destacó.
En ese marco, el gobernador Juan Sabines Guerrero dijo que esta certificación es el resultado de la intervención de una sociedad participativa.
“Tuxtla ha asumido como en ninguna otra parte, la corresponsabilidad en la denuncia y prevención del delito, ha permitido muchas veces poner el ejemplo al propio Gobierno del Estado y al Ayuntamiento, eso ha permitido ser, entre otras razones, comunidad segura y es un reconocimiento al Gobierno del Estado o al Municipal, al pueblo de Tuxtla Gutiérrez porque participa, porque está tomando un liderazgo importante en el empoderamiento”, subrayó.
A partir de la participación social se puede crear una red de cooperación para evitar delitos cometidos contra mujeres, niños y migrantes, objetivos que busca cumplir la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, precisó Marcos Fastlicht Sackler, presidente de esta asociación.
“Para la sociedad civil organizada es muy importante impulsar el diálogo amplio e incluyente con el Gobierno Federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales e incluso organismos internacionales; sólo mediante la colaboración interinstitucional, nacional e internacional podremos identificar casos de víctimas de trata, crear una red de cooperación y construir un esquema de solución de estos fenómenos”, acotó.
Señaló que a nivel federal la nueva Ley de Migración del Senado y la reforma de la Ley de Población envían un mensaje para no criminalizar a los migrantes: “Esto es una muestra de que cuando hay voluntad política se pueden alcanzar soluciones integrales de largo plazo en beneficio de México”.
En tanto, desde 2008 las reformas legales se realizaron en Chiapas, cuando el gobernador Juan Sabines propuso el delito de trata de personas con la intención de proteger los derechos humanos de mujeres y niños, principalmente.
En su oportunidad el gobernador Juan Sabines aludió: “ Ya ganamos el primer juicio, el 18 de febrero de este año ganamos el primer juicio de trata, el Gobierno del Estado impulsó un juicio contra una señora chiapaneca que por fin está en la cárcel, de acuerdo con lo que decidieron los jueces”.
La entidad, dijo, es una de las primeras en penalizar este delito y crear una fiscalía especializada en atender delitos cometidos en contra de migrantes: “¿El vil negocio de tráfico de personas es más jugoso que el narcotráfico? Sí, estoy convencido que sí y hoy se discute en legalizar las drogas y no se discute en legalizar a la migración, es un tema que habría que analizar a fondo en Chiapas”.
En este sentido, exhortó a que a nivel nacional se retome el tema de la eliminación de visa para que todos los migrantes puedan entrar por el paso fronterizo legal y se lleve un control de que no ingresen al país objetos prohibidos como armas o drogas.
Juan Sabines indicó que la política basada en el respeto a los derechos humanos de los migrantes ha permitido que disminuyan los delitos cometidos en su contra e incluso se han desmantelado 23 bandas delincuenciales.
Además se ha hecho un acompañamiento de acciones como el acceso a la escuela a niños hijos de trabajadores agrícolas centroamericanos, se les otorgó el derecho a tener una identidad a través del acta de nacimiento a más de 5 mil niños y se les brinda el acceso a servicios médicos.
“En Chiapas los migrantes son un sector de la población importante y que merece el respeto a sus derechos humanos, por eso Chiapas no tiene una política migratoria, tiene una política pública para los migrantes que están en Chiapas de manera permanente o temporal”, apuntó.
Cabe señalar que el Foro Migración y Trata de Personas reúne a expertos en la materia de la sociedad civil, de organismos defensores de derechos humanos, de agencias de la ONU y de los gobiernos federal y estatal. La ceremonia de certificación se realizará este 29 de marzo en el marco de los trabajos que se desarrollan en el foro.
